La justicia exonera al hijo de Xavier Trias en el cámping familiar ilegal

Así lo indica un recurso de reforma de la acusación al que ha accedido este medio en el que se pide reabrir la causa contra Álex Trias a la segunda instancia judicial. La petición llega después de que el Juzgado de Instrucción número 4 de Figueres (Girona) haya sobreseído la causa contra él y otros acusados, aunque mantenga la acusación contra otros tres. 

Dos de Costas y una arquitecta

Hasta ahora, la juez María Victoria Fernández ha escuchado la declaración de tres personas. Son dos altos técnicos de la Demarcación de Costas y el de la arquitecta municipal de la localidad de Sant Pere Pescador, donde está situado La Ballena Alegre 2, el cámping de la familia Trias.

[El Govern ordena a la familia Trias derribar su cámping ilegal en la Costa Brava]

Contra los tres, el caso penal continúa en fase de instrucción. Y siguen como acusados. Contra Álex Trias, no. Por ahora, porque la acusación particular, que pilota el empresario turístico Víctor Latorre, ha pedido que se cite de nuevo como investigado al hijo del exedil de Barcelona. 

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"Demoledor"

Los argumentos esgrimidos por Latorre son, según él, "demoledores". En el escrito a la Audiencia, el patrono enumera la legislación urbanística que La Ballena Alegre 2 podría haber vulnerado. Y da una cifra: el cámping ilegal, que abrió inicialmente en 1977, ha generado ingresos ilícitos cercanos a los 80 millones de euros. 

El demandante alega además que el presunto delito no ha prescrito, y que hay 72 bungalows nuevos que han quedado fuera del caso judicial. Son nuevos, de nueva colocación, lo que transpira "impunidad absoluta de la familia Trias" con el asunto, siempre según la misma fuente. 

El Govern ordena el derribo

La batalla legal que involucra al hijo del exmunícipe de Barcelona discurre por un carril. Por otro paralelo, el Govern ya ha dado un golpe sobre la mesa. El Departamento de Territorio, contriolado ahora por ERC, ha dado un mes a La Ballena Alegre 2 para derribar 79 bungalows ilegales y cuatro piscinas sin permiso. Si la empresa no cumple, se arriesga a multas. 

Cedida / Agencias

Asimismo, la consejería de Ester Capella (ERC) ha pedido al Ayuntamiento de Sant Pere Pescador que fulmine otros 225 alojamientos modulares que también se encuentran en terreno protegido. La Administración local deberá cumplir por medio de su propio expediente. 

Segundo problema para Agustí Serra

Lo que subyace a los casos penal y administrativo es si pudo haber un posible trato de favor de la Generalitat de Cataluña a la familia Trias con el lujoso cámping. Y, en este caso, la acusación, que el denunciante ve "fuera de toda duda", recaería sobre la cúpula del Departamento de Territorio. En ella se encuentra el convergente Agustí Serra, un histórico de la formación y, desde 2018, alto cargo de urbanismo y ordenación. 

Serra, considerado cercano al ala moderada de Junts, está salpicado por otra agria polémica: el alud de sentencias judiciales contra el plan director urbanístico (PDU) de la Costa Brava. El instrumento de planeamiento fue diseñado a imagen y semejanza de los ecologistas de SOS Costa Brava, y prohibió la construcción en decenas de zonas del litoral. Pero es que ahora el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) lo derriba lentamente, con el argumento de que pisoteó los derechos de los ayuntamientos implicados. 

La avalancha de sentencias abre la puerta a indemnizaciones millonarias a los propietarios de terreno.