Los intereses políticos ocultos tras el registro de los Mossos al Barça

Crisis en el FC Barcelona. El registro de las oficinas del club por parte de los Mossos d'Esquadra y la detención del expresidente Josep María Bartomeu, su asesor de presidencia, Jaume Masferrer, el CEO del club, Òscar Grau, y el responsable de servicios jurídicos, Román Gómez Ponti, es un golpe fuerte para la institución a siete días de las elecciones a la presidencia del club. Los comicios se celebran el próximo 7 de marzo y, según apunta Crónica Global, esta acción policial podría obedecer a intereses políticos por hacerse con el control del club. 

El hecho de que la magistrada instructora del caso no hubiese pedido las cuatro detenciones y los Mossos hayan decidido actuar así de oficio, por su cuenta y riesgo, sin orden judicial, induce a pensar que se quiere imponer una pena de telediario al expresidente Bartomeu y sus hombres de confianza. Al parecer, el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, podría estar detrás de ello. Es conocida la amistad y afinidad de Puigdemont con Laporta, su favorito para recuperar la presidencia del Barça. ¿Será casualidad que esto ocurra en una semana decisiva? 

Los Mossos entran en las oficinas del Camp Nou / SER Catalunya

Los Mossos entran en las oficinas del Camp Nou / SER Catalunya

Según avanzó Culemanía, la juez que instruye el llamado Barçagate asegura que la detención del expresidente del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, “pertenece a la esfera estrictamente policial”. Es decir, que no responde a una orden judicial. Una precisión que se enmarca en el exceso de celo que, a lo largo de toda esta investigación, han demostrado los Mossos d’Esquadra, así como las ramificaciones políticas de la misma. No es un secreto los intereses de los partidos políticos por controlar una institución como el Barça. Tampoco lo es la gran amistad entre Carles Puigdemont y el candidato a presidir el club, Joan Laporta, y la escasa complicidad de Bartomeu con el procés.

Detenciones estrictamente policiales

Según un comunicado del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, el Juzgado de Instrucción 13 ha ordenado la entrada y registro en el FC Barcelona practicada este lunes, pero “las detenciones pertenecen a la esfera estrictamente policial”.

El llamado Barçagate tiene su origen en la contratación de la empresa I3Ventures para hacer una monitorización de redes sociales. Las investigaciones intentan determinar si se fracturaron facturas y perfiles en redes sociales que atacaban a jugadores, expresidentes y otros personajes del entorno blaugrana.

Montaje sobre el Barçagate: 3.500 contratos y 600.000 euros / Redes

Montaje sobre el Barçagate | REDES

De hecho, la actuación de los Mossos en este caso siempre ha sido, cuando menos, poco habitual. Tal como informó Crónica Global, agentes afines a Puigdemont, comandados por el exconsejero de Interior, Miquel Buch, abrieron una investigación paralela a la del juzgado basada en “otras denuncias” relacionadas con los hechos. Habitualmente, cuando un juez investiga, la policía solo puede actuar a las órdenes del juez. O si indagan por su cuenta, deben comunicarlo inmediatamente al instructor, si se tratan de los mismos hechos o hechos conexos.

Perfil controvertido

El pasado de los dos inspectores es bastante controvertido. Jordi Ollé y Lluís Miquel Venteo, son dos mandos que ascendieron puestos en el escalafón policial durante el procés. Venteo fue responsable de coordinar la seguridad del Barça y quienes han trabajado con él aseguran que es una persona muy seria y profesional. Llegó a compaginar ese cargo en el club con la jefatura de la ARRO (Área de Recursos Operativos) en Barcelona.

Sin embargo, Venteo cuestionó la gestión de la directiva de Bartomeu en el control de los grupos violentos. Según publicó El Triangle, el inspector mantiene buenas relaciones con la empresa Barna Porters Seguridad SL, que la actual directiva descartó contratar. Además, Jordi Ollé fue noticia hace seis años, cuando la Audiencia de Girona ordenó investigar el uso que hizo a título personal del velero británico Alfresco, requisado en junio del 2007 a unos narcos.