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Joan Laporta en el hospital de Sant Pau

Joan Laporta en el hospital de Sant Pau

Laporta prepara otro Can Rigalt: 70 millones de pérdidas

Para eludir el aval de 2005 vendió patrimonio a la desesperada en otra operación ruinosa para el FC Barcelona

Josep Banyols

26.08.2021 00:20h Actualizado: 26.08.2021 11:25 h.

4 min

Las cartas de Joan Laporta ya están marcadas y sobre la mesa. El presidente trata, sencillamente, de cargar el mayor número de pérdidas y de provisiones posibles, imaginativas algunas y se verá si imaginarias, en el ejercicio 2020-21. Hasta casi 500 millones con el único propósito de crear luego una confusión jurídica sobre quién es el responsable, si Bartomeu o la Gestora, para que no aumente el aval la que le corresponderá hacer frente de cara a la 2021-22. Colateralmente, además, generar beneficios del modo más grotesco y artificial para el siguiente ejercicio.

Joan Laporta, presidente del Barça, en una rueda de prensa reciente / FCB

Joan Laporta, presidente del Barça, en una rueda de prensa reciente / FCB

Por ejemplo, se provisionan con cargo a la temporada 2020-21 45 millones por los riesgos de un pleito con Neymar -ganado en primera instancia por el FC Barcelona y por tanto sin que hubiese exigencia por parte del auditor- sabiendo por otro lado que se ha alcanzado un acuerdo extrajudicial para retirar la demanda. Esa pérdida, pues más que una provisión es una pérdida, se convierte en 45 millones de ingresos, o beneficio, en el actual ejercicio 2021-21.

Trilerismo financiero en estado puro que, sin embargo, la asamblea aprobará porque está sedienta de venganza y porque Joan Laporta ofrecerá a la plebe barcelonista el mejor número de circo posible -nada de pan-, acompañando esa naumaquia contable, creativa y a la carta de la 2020-21, con una excitante conclusión, la de que Josep Maria Bartomeu -presidente hasta el 27 de octubre de 2020- no cerró su mandado con beneficios sino con pérdidas.

Acto seguido, en plena efervescencia, propondrá tumultuaria y triunfalmente una acción de responsabilidad contra la junta anterior. La aclamación mediática y social pasará a la historia.

Final en los tribunales para ganar tiempo

La justicia será después la que decida porque la provocación y la débil arquitectura legal y financiera del truco obligará a Josep Maria Bartomeu a impugnar los acuerdos de asamblea y llevarlos ante los tribunales. Una repetición de la maniobra contable de Joan Laporta en 2003, que no coló contra Joan Gaspart (acabó comiéndose él los 64 millones del deterioro contable de aquella plantilla).

Y una repetición, también, de cómo Joan Laporta interpuso una demanda de impugnación de la asamblea en 2010 por la reformulación y aprobación de sus cuentas una vez practicadas las ocho salvedades sugeridas por el auditor. Laporta perdió esa demanda irremediablemente en primera y segunda instancia.

Pero la repetición de verdad alarmante es la de esos inventos made in Laporta para no afrontar sus responsabilidades y burlar la ley. En ese fango es hábil y eficiente pues consigue ganar el tiempo suficiente para que, cuando llegue la hora de liquidar las cuentas pendientes por ese tipo de enredos le toque pagar el pato a otro. Normalmente es el socio, engañado, burlado y víctima de la perentoria y convulsa necesidad de Joan Laporta de evitar el aval. Siempre es la misma historia.

La Ciudad de la Justicia de Barcelona / EFE

La Ciudad de la Justicia de Barcelona / EFE

Paradigmático y significativo de cómo empiezan estos conflictos legales y de cómo acaban es el caso de Can Rigalt, tan olvidado y sepultado en la memoria barcelonista como hiriente y vergonzoso. Todo empezó cuando, al filo del cierre del ejercicio 2004-05, recién dimitido Rosell y el resto de su equipo, Laporta se encontró compuesto y sin aval y con la urgente necesidad de generar un beneficio de más de 30 millones para eludir el aval.

Lo que hizo fue vender a la desesperada una parte de Can Rigalt, seducido y embaucado por el alcalde de l’Hospitalet de entonces Celestino Corbacho, a su vez presidente de la Diputació de Barcelona, por la poderosa FECSA por donde había pasado su suegro, Juan Echevarria, y por Sacresa, una inmobiliaria de prestigio en aquel momento.

La operación, sujeta a innumerables y costosísimas cargas urbanísticas, fue registrada contablemente sin apenas costes y con una gran plusvalía gracias a que se redactó un contrato sin fecha de entrega de esos terrenos, vendidos a La Llave de Oro por 35,4 millones de euros, completamente urbanizados. La plusvalía aplicada fue de 28,7 millones suficientes para presentar unos beneficios superiores al aval requerido.

En el asiento contable de la operación el club incluyó 6,7 de costes y amortización de la compra, pero no la asunción por parte del FC Barcelona de todos los costes reales de urbanización, la entrega gratuita de una finca de 50.000 hectáreas del club para compensar la pérdida del equipamiento deportivo (gratis y a favor del resto de los propietarios) y ni mucho menos los aproximadamente 30 millones de euros que el FC Barcelona habrá de pagar de la nueva central eléctrica de Collblanc cuando se realice la obra, de momento paralizada.

El boomerang fue para Bartomeu

Pero eso es sólo la punta del iceberg, pues como resultado de esa argucia de no fechar la entrega y así volatilizar de momento esos costes La Llave de Oro acabó por reclamar o bien la entrega urbanizada de los terrenos -imposible pues aún no se ha reunido la junta de compensación- o a la reversión de la compra. El litigio se resolvió en 2016 en contra del FC Barcelona, con cargo a la junta de Josep Maria Bartomeu, obligada a recomprar la finca por su valor inicial, 35,4 millones (hoy no los vale) y más 7 millones de intereses, siguiendo intactas las cargas y las pérdidas asociadas a la futura gestión de la finca.

Josep Maria Bartomeu en un acto del Barcelona / EFE

Josep Maria Bartomeu en un acto del Barcelona / EFE

Dicho de otro modo, la operación de Joan Laporta de no avalar en 2005 le costará al Barça no menos de 70 millones, 42 millones de la recompra con los intereses, más los gastos pendientes de urbanizar la finca y los de la central eléctrica asignados, aproximadamente la mitad de su coste descontado el valor de los terrenos que Sacresa le compró a FECSA en aquel momento. Mientras los terrenos han perdido su valor como zona residencial, por el contrario el precio de la tecnología aplicada a la puesta en funcionamiento de una moderna subestación eléctrica, clave el suministro de buena parte de Barcelona y el Baix Llobregat, se va encareciendo.

¿Otro Viladecans? Peor aún por el volumen de pérdidas y por la dimensión de esa visión financiera de Laporta, inventos sin base ni respeto por el patrimonio del FC Barcelona, con las que ya ha manejado el club y pretende seguir haciéndolo. El peligro acecha.

 
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