El cambio exprés en el tope al alquiler, otra "ocurrencia electoralista" que busca votos a costa de la vivienda

“Es una ocurrencia puramente electoralista incidiendo en la política populista de la vivienda”. Así definen las fuentes consultadas en el sector inmobiliario el último as que se ha sacado de la manga el Govern de Pere Aragonès. A menos de un mes para las elecciones autonómicas del 12-M, dice que es necesario introducir nuevos cambios: "La tendencia alcista del precio del alquiler, pese a la reciente aplicación de la contención de rentas, ha hecho necesaria la revisión de los criterios empleados en la identificación de los municipios declarados como zona de mercado residencial tensionado", en palabras de la consellera Ester Capella.

La solución pasa por ampliar el número de municipios tensionados de 140 a 271; o sea, 131 más.

La titular de Territorio ha justificado la necesidad de parchear una medida impulsada hace solamente un mes porque "el incremento de los precios del alquiler en 10 años ha sido de entre el 43% y el 46%" en Cataluña, y "a nadie le han incrementado los salarios en la misma proporción". Una observación que no ahonda en el porqué de presentar una solución poco cocinada, sin contar con voces experimentadas en la materia y a las puertas de una campaña en la que ERC necesita foco para no quedar eclipsada por el pulso entre el posconvergente Carles Puigdemont y el socialista Salvador Illa.

En busca de portadas

Para Òscar Gorgues, gerente de la Cámara de la Propiedad Urbana de Barcelona, el nuevo criterio obedece a "la necesidad de tener un titular", dado que la Barcelona metropolitana ya quedaba afectada por la anterior regulación y ahora simplemente se incorpora "un mercado residual de alquiler", es decir, "municipios que no tienen ningún problema de vivienda, sin presión demográfica, con poca inmigración y donde no hay nómadas digitales". Aunque el anuncio puede ser en efecto llamativo porque supone ampliar el alcance de la limitación a prácticamente el doble de localidades (de las 140 iniciales a los 271 actuales), a la práctica el 80% de la población catalana ya estaba afectada por la intervención, proporción que queda ampliada al 90%.

Una agencia inmobiliaria en Barcelona Marta Pérez - EFE

El representante sectorial considera que este ajuste "incluso quita relevancia a la medida que se adoptó inicialmente" al equiparar la emergencia habitacional de la capital catalana con pueblos como Sant Jaume dels Domenys o Sant Pere de Riudebitlles. Asimismo, alerta de que "empezamos a ver las consecuencias de la aplicación del índice" y "pueden ser alarmantes", ya que crea "inquilinos de primera" --los que ya gozan de un contrato de alquiler y están consiguiendo renovaciones en buenos términos-- y "de segunda", los que se ven excluidos del acceso al mercado.

Demasiados municipios incluidos

La abogada especialista en derecho inmobiliario, y colaboradora de Crónica Global, Arantxa Goenaga también tacha de "electoralistas" estos cambios basados solo en el "simbolismo preelectoral". "Si nos fijamos en la zona de la costa, casi todos los municipios están afectados actualmente, cosa que tampoco tiene sentido porque si son localidades de playa, es alquiler de temporada", añade, en referencia a la naturaleza turística de la economía de estas zonas.

La socia de de Círculo Legal Barcelona cree que con esta presión regulatoria "la gente se va al alquiler de temporada, incluso al alquiler de habitaciones, para no tener que soportar las limitaciones de precio". "Al final, el que manda es el mercado y si los precios son más alcistas de lo que se establece oficialmente, la gente no quiere alquilar los pisos a estos importes", señala.

La situación es "crítica"

Más allá de la fuga de pisos hacia contratos de temporada, Ricard Garriga, consejero delegado de Trioteca, cree que los propietarios "podrían intentar realizar mejoras significativas en sus inmuebles y luego justificar aumentos de alquiler basados en estas mejoras, aunque estos deben estar claramente justificados y comprobados para que el incremento sea aceptado legalmente". Alerta de que nos encontramos ante una "crítica situación", ya que por un lado la normativa hace los alquileres más asequibles, pero por el otro, puede llevar "a una reducción en la oferta de viviendas en alquiler si los propietarios deciden que no es rentable alquilar sus propiedades bajo estas condiciones".

Por otro lado, está el riesgo que la creciente inseguridad jurídica plantea sobre el atractivo de Cataluña para las promotoras inmobiliarias y los inversores, piezas clave del puzle que sería necesario para edificar vivienda y lograr una bajada de precios por abundancia de oferta. Las actuales condiciones hacen que "la oferta comercial sea mínima", indica Gorgues, que lamenta que "los inversores no entrarán en el mercado" y buscarán "alternativas como Madrid" por culpa de "una normativa mal enfocada" que "no se creen en absoluto" ni siquiera en la capital española.

Nueva espantada inversora

Garriga manifiesta que también corre en riesgo de "desincentivar a los inversores y ahorradores potenciales debido a las incertidumbres sobre la rentabilidad futura, lo que a su vez y más preocupante es que podrá disminuir la oferta de viviendas en alquiler". Ante estas circunstancias se pueden "tomar dos caminos": "O bien aumentar así los alquileres al máximo que permita la ley o aumentar así el alquiler de corta estancia o vacacional", concluye el directivo, que arremete contra "una ley peligrosa" que ya ha demostrado sus "consecuencias".

Goenaga también subraya que esta volatilidad legal "crea una inseguridad jurídica" e "incertidumbre". "Los inversores deciden vender y las personas que a lo mejor querían invertir en España deciden irse, porque con todas estas dificultades que se están generando, no resulta atractivo invertir aquí", lamenta la jurista.

La 'consellera' Ester Capella negocia con la ministra Isabel Rodríguez Govern

De hecho, recuerda que "la resolución por la que se aprobaron los primeros 140 municipios tensionados no era ni firme, porque la modificaron el día anterior a su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE)", lo que significa que "aún cabe recurso de alzada". Una forma apresurada de legislar que, lejos de contribuir a aliviar el problema del acceso a la vivienda, ahonda en los mismos errores políticos que en las últimas décadas han logrado poco más que restringir este derecho.